El Perú está acostumbrado a los escándalos, pero la denuncia de Juan José Santiváñez contra Mónica Delta, tres periodistas de Punto Final (Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez) y Latina Televisión cruza un límite peligroso. Acusarlos de “reglaje” por un reportaje que mostró al exministro del Interior en espacios públicos es más que un ataque personal: es un intento descarado de censura a la prensa en Perú. Santiváñez, hoy jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental, parece creer que el poder le da derecho a silenciar a quienes lo cuestionan. Pero la prensa no es su enemigo; es el espejo que él no quiere mirar.
Un reportaje que incomoda al poder
El programa Punto Final emitió “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, un reportaje que mostró al funcionario, censurado por el Congreso, pero aún influyente en el gobierno de Dina Boluarte, interactuando con congresistas, alcaldes y ministros. Las imágenes, grabadas en la vía pública, no violaron ninguna ley. Sin embargo, Santiváñez acusó a los periodistas de ser cómplices de una banda criminal, exigiendo entre tres y seis años de prisión. ¿Su delito? Hacer periodismo. Esta censura a la prensa en Perú no es solo un ataque a Punto Final; es un mensaje a todos los medios: no se metan con el poder.
Mónica Delta: “No es la primera vez en el gobierno de Dina Boluarte”
Mónica Delta respondió con claridad en Buenas Nuevas, Malas Nuevas: esta denuncia es un intento de intimidación. “No es la primera vez en el gobierno de Boluarte”, afirmó, señalando un patrón de hostilidad hacia la prensa. El reportaje, dijo, es periodismo legítimo: seguir a un funcionario público cuya influencia exige respuestas. Latina Televisión, en un comunicado, calificó la acción como un “acto de amedrentamiento” y reafirmó su compromiso con la libertad de prensa. Delta tiene razón: Santiváñez no es un ciudadano común; es una figura pública que no puede esconderse tras acusaciones absurdas.
Respuesta de la SNRTV ante la censura a la prensa en Perú
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) condenó la denuncia como un “grave atentado contra la libertad de prensa”. En un comunicado citado por El Comercio, advirtió que usar el sistema penal para silenciar voces críticas amenaza el derecho de los peruanos a estar informados. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) fue igual de claro: esta censura a la prensa en Perú refleja un gobierno incómodo con la transparencia. Ambos gremios ven en esta acción un intento de criminalizar el periodismo investigativo, un pilar de cualquier democracia.
Un gobierno que teme a la verdad
La denuncia de Santiváñez no es un hecho aislado. El gobierno de Dina Boluarte ha mostrado una tendencia a atacar a los medios cuando se siente expuesto. Desde aumentos salariales cuestionables hasta escándalos de corrupción, cada crítica parece provocar una reacción: desviar, intimidar, silenciar. Esta censura a la prensa en Perú no solo afecta a los periodistas; priva a los ciudadanos de su derecho a saber qué pasa en los pasillos del poder.
Santiváñez y el miedo a la veracidad
Santiváñez no defiende su privacidad; defiende su impunidad. Un funcionario censurado que sigue operando en Palacio no puede pretender ser invisible. Acusar a periodistas de “reglaje” por hacer su trabajo es un acto de arrogancia que revela su temor a ser descubierto. Esta censura a la prensa en Perú es más que una denuncia; es un ataque a la democracia. La libertad de prensa no es un privilegio, es un derecho. Y Santiváñez, con su maniobra, comete un delito más grave que cualquier cámara: traicionar la confianza de un país que merece respuestas.
Censura a la prensa en Perú
Este ataque a Mónica Delta y Punto Final es un desafío a todos los que creemos en la libertad de informar e informarnos. Si permitimos que la censura a la prensa en Perú prospere, pronto viviremos en un país donde las preguntas sean delito y la verdad, un lujo. Santiváñez puede creer que su denuncia intimida, pero solo logra encender más reflectores sobre su papel en el poder.
